La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2026 refleja que el número de trabajadores por cuenta propia descendió en España en 68.600 personas respecto al trimestre anterior. El dato no debe confundirse con 68.600 bajas administrativas en el RETA, porque la EPA mide ocupación y no afiliación. Pero sí apunta a una señal preocupante: el trabajo autónomo tradicional pierde fuerza en sectores que durante años han sostenido buena parte de la economía local. La afiliación al régimen de autónomos se mantiene por encima de los 3,4 millones y crece en términos interanuales, pero no todos los sectores evolucionan igual. Comercio, transporte y agricultura pierden peso, mientras avanzan actividades profesionales, sanitarias, educativas y digitales. Por tanto, el problema no es una desaparición general del trabajo autónomo. Sin embargo, se observa una transformación desigual que deja especialmente expuestos a muchos pequeños negocios tradicionales.
Causas económicas
Uno de los factores que más pesa en el debate es la carga económica que soporta el trabajador por cuenta propia. Aunque el sistema de cotización actual se basa en los rendimientos netos, el autónomo que continúa de alta mantiene la obligación de cotizar incluso cuando atraviesa meses de ingresos bajos o irregulares. Esta rigidez afecta especialmente a quienes trabajan con márgenes estrechos o dependen de una facturación estacional. A ello se suma que los impagos a la Seguridad Social no son neutros. Cuando una cuota no se abona dentro de plazo, la deuda puede incrementarse con recargos e intereses de demora. En negocios pequeños, una caída temporal de ingresos puede convertirse así en un problema financiero acumulativo. Esto ocurre sobre todo si coincide con alquileres, suministros, costes laborales, financiación o compras de mercancía.
Carga administrativa y normativa
A la presión económica se añade una carga administrativa cada vez más exigente. Declaraciones fiscales, obligaciones contables, facturación, gestión laboral, prevención de riesgos, protección de datos y trámites digitales consumen tiempo y recursos que muchos autónomos no tienen. En negocios con una estructura mínima, cada nueva obligación puede traducirse en más horas de gestión. Además, esto puede suponer mayores costes de asesoría.
En materia de prevención, conviene precisar un punto importante. El cambio comunicado el 11 de mayo de 2026 no es una nueva ley, sino un criterio de gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ese criterio admite la aplicación del recargo de prestaciones previsto en la Ley General de la Seguridad Social cuando un alumno en prácticas sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y quede acreditado un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud.
El recargo, de entre el 30% y el 50%, ya existía para accidentes laborales y enfermedades profesionales. La novedad está en su posible aplicación a alumnos que realizan prácticas formativas o académicas externas, incluidos supuestos de prácticas no remuneradas. La responsabilidad recaería, con carácter general, sobre la empresa, institución o entidad en cuyo ámbito organizativo se haya producido el incumplimiento. Desde enero de 2024, además, los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas están incluidos en la Seguridad Social. Hay que añadir que existen determinadas exclusiones de cobertura.
Este escenario no elimina las prácticas, pero obliga a pequeños negocios y pymes a documentar mejor la formación preventiva, la supervisión, la evaluación de riesgos y la entrega de instrucciones o equipos. Para quienes ya funcionan con márgenes ajustados, el resultado puede ser una mayor cautela a la hora de incorporar estudiantes en prácticas.
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Costes, competencia y hábitos de consumo
Los costes de suministros, energía, alquileres y financiación también presionan la rentabilidad. En paralelo, la competencia de grandes plataformas digitales y grandes superficies reduce el margen de muchos autónomos. Estos difícilmente pueden igualar precios, horarios, capacidad logística o inversión tecnológica.
El cambio en los hábitos de consumo refuerza esa tendencia. Una parte creciente de las compras se concentra en canales digitales, marketplaces y cadenas con gran capacidad de negociación. El comercio de proximidad, los pequeños servicios, algunos negocios de hostelería y actividades rurales se ven obligados a competir en un entorno en el que se les exige más disponibilidad, más inversión y más adaptación. Sin embargo, no siempre obtienen mayor rentabilidad.
Protección social insuficiente
Otro elemento que explica el malestar del sector es la percepción de una protección social insuficiente. Muchos autónomos consideran que la cobertura que reciben en caso de enfermedad, baja laboral, cese de actividad o jubilación no compensa el esfuerzo económico que realizan durante su vida profesional.
En una incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, la prestación comienza el cuarto día de baja: entre los días 4 y 20 se percibe el 60 % de la base reguladora, y desde el día 21, el 75 %. Los tres primeros días no generan prestación. Dado que la cuantía depende de la base de cotización, quienes cotizan por bases bajas pueden encontrarse con ingresos muy limitados precisamente cuando no pueden trabajar.
Esta situación alimenta uno de los temores más extendidos entre los autónomos: enfermar, parar la actividad y seguir afrontando gastos fijos. En un negocio pequeño, una baja médica no solo afecta a los ingresos personales, sino también a la continuidad del servicio, la relación con los clientes y la capacidad de asumir pagos.
Responsabilidad patrimonial y riesgo personal
A todo ello se suma el riesgo patrimonial. El autónomo individual, a diferencia de una sociedad limitada, responde de sus deudas conforme al principio general de responsabilidad patrimonial universal: con sus bienes presentes y futuros. Existen fórmulas y límites legales que pueden modular esa exposición, como la sociedad mercantil, la figura del emprendedor de responsabilidad limitada o los mecanismos de segunda oportunidad. Sin embargo, estas opciones no son la situación ordinaria de muchos trabajadores por cuenta propia.
Cuando un negocio fracasa, las deudas no desaparecen automáticamente con el cierre del local, el despacho o la actividad. Pueden afectar a ahorros, vehículos, cuentas bancarias u otros bienes personales, según el caso concreto. Esa vulnerabilidad explica también el creciente miedo al emprendimiento y la preferencia de muchos profesionales por buscar una salida laboral por cuenta ajena.
Un modelo que necesita respuestas
España no se enfrenta tanto a una desaparición global del trabajo autónomo como a una pérdida de peso y viabilidad de segmentos tradicionales del colectivo. Mientras algunas actividades de mayor valor añadido, profesionales o digitales atraen nuevas iniciativas, numerosos pequeños negocios vinculados al comercio, al transporte, al campo, a la hostelería de proximidad o a los servicios locales afrontan costes crecientes, competencia intensa y menor relevo generacional. El balance exige una lectura precisa, hay crecimiento interanual en la afiliación total de autónomos, pero también señales de deterioro en una parte esencial del tejido económico local. La cuestión de fondo es si el modelo actual permite que esos negocios sigan siendo viables o si, por el contrario, la carga económica, administrativa y personal acabará acelerando su desaparición.